Se brinda a todas las instituciones de seguridad pública y privada que cuenten con recursos propios, estatales y federales para llevar a cabo la elaboración de la detección de necesidades de capacitación y poder diseñar y desarrollar planes de estudio, los cuales serán evaluados para alcanzar la profesionalización en materia de seguridad y justicia cuya finalidad será la capacitación técnica, táctica, científica, marco jurídico y desarrollo humano entre otros para incrementar las potencialidades de la función policial.